Democracia, nuevas formas de democracia y competencias ciudadanas

La educación ciudadana vuelve a ser un tema de interés en nuestros países. Las razones para ello son diversas, pero
apuntan a un reconocimiento, implícito o explicito, de que, por un lado, las instituciones educativas no están haciendo
todo lo que pueden y deben, y, por otro, de que las formas tradicionales de concebir y practicar la formación ciudadana
no son las que demandan los tiempos. En este trabajo analizamos las necesidades históricas a las que debe responder
en nuestra América una nueva forma de educación ciudadana y una propuesta para atenderlas.
El cambio de época y el retorno a la gran política
Luego de una época de predominio, casi absoluto, de gobiernos y políticas neoliberales, en la que el gran capital parecía
regir los destinos del mundo por medio de organismos internacionales, nuestra América presencia el inicio de un
cambio de época, como acertadamente lo denominara el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Un cambio de época
caracterizado, de un lado, por el paulatino desgaste y crisis, más acelerada en unos países que en otros, del aparato
político tradicional, por medio del cual las políticas trazadas en el Norte se imponían en el Sur. Del otro, por el
desarrollo de poderosos movimientos sociales que buscan una expresión política nueva en la esfera del Estado. El
presidente del Paraguay, Fernando Lugo, lo resume de esta manera:
Yo creo que América Latina está cambiando. Más que gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, como se dice, yo
creo que hay una conciencia ciudadana que ha crecido y que cuestiona y que marca la dirección que deben tener los
líderes nacionales. […] nosotros decimos en nuestra Constitución Nacional en el Paraguay que la soberanía reside en el
pueblo, y que ese gran poder popular, de alguna manera, cuando está organizado, debe marcar el rumbo de los países.
Yo creo que eso es lo que está pasando en América Latina, la gran conciencia de las mujeres, por ejemplo, la gran
conciencia negra en algunos países, la conciencia de los indígenas, de los jóvenes, el tema del medio ambiente, son ejes
fundamentales que marcan hoy la política de los líderes en América Latina.
2
Uno de los aspectos más interesante de esta situación es que luego de un periodo en el que la democracia parecía
haberse convertido en eso que Julio Cortázar llama una “piedra opaca”, y suscitaba una gran desconfianza,3
según lo
indicaban diversos estudios, ahora parece convertirse en un “pájaro vivo”, bandera que enarbola la mayoría de los
movimientos revolucionarios y reivindicativos de la actualidad. Aunque se utilicen los mecanismos constitucionales
establecidos como parte de este proceso, la democracia invocada es algo que va más allá del ritual partidista electoral1 «Las palabras”, charla pronunciada en el centro cultural La Villa, Madrid, 1981.
Disponible en: http://lists.indymedia.org/pipermail/cmi-peru-impresos/2006-June/0703-yo.
2 Entrevista a Fernando Lugo, presidente de Paraguay, por Amy Goodman, jueves 9 de octubre de 2008, revista Pueblos, recuperado
el 12 de octubre de 2008 de: http://lists.indymedia.org/pipermail/cmi-peru-impresos/2006-June/0703-yo.html
3 «América Latina presenta actualmente una extraordinaria paradoja. Por un lado, la región puede mostrar con gran orgullo más de
dos décadas de gobiernos democráticos. Por otro, enfrenta una creciente crisis social. Se mantienen profundas desigualdades,
existen serios niveles de pobreza, el crecimiento económico ha sido insuficiente y ha aumentado la insatisfacción ciudadana con esas
democracias —expresada en muchos lugares por un extendido descontento popular—, generando en algunos casos consecuencias
desestabilizadoras”. Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004). Informe La democracia en América Latina.
Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. De acuerdo con el Informe,
más de la mitad de los , un 54,7 % preferiría un “régimen autoritario” a uno democrático si les “resolviera” sus problemas
económicos.
con que solemos asociarla. En todo caso el aparato electoral es solo uno de los instrumentos, importante desde luego,
para el ejercicio democrático.
Hace más de una centuria el puertorriqueño Eugenio María de Hostos (1839-1903), escribiendo desde el Perú, nos
advertía:
Lo que con abuso temerario llamáis usualmente democracia, no es, ni ha sido nunca, ni será nunca una forma de
gobierno: es una de las formas de la anarquía, que sólo existe en los países donde la dirección de las sociedades está
encomendada a una oligarquía, más o menos disimulada, más o menos dúctil en sus aspiraciones, un día militar, otro día
burocrática, como ayer quiso ser teocrática, como podría llegar a ser demagógica (Hostos, 1992).
“Oligárquica”, “militar”, “burocrática”, “tecnocrática”, “demagógica”. ¿No resumen estos calificativos de Hostos lo que
llegó a ser la democracia en el pasado siglo en todos nuestros países? Precisamente, como él lo dice, no se ha
construido el sujeto histórico que la sustenta y sin el cual ella no es posible: el pueblo; no como un agregado casual de
hombres, sino como “asociación voluntaria, consciente, inteligente, adherida por la fuerza de cohesión de los grandes
intereses de toda sociedad, educada en el trabajo, moralizada por la instrucción, civilizada por las costumbres públicas
y privadas”.
¿No es acaso la tarea de nuestro tiempo contribuir a la formación de ese sujeto histórico? Las incumplidas promesas de
las democracias liberales ante los problemas de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión, y los efectos agravantes
de las políticas neoliberales,4
junto al paciente y tenaz trabajo político de sectores progresistas, han posibilitado el
desarrollo de una actitud de sospecha crítica, esperanza creativa y fortalecimiento en los pueblos americanos, emanada
de la lucha solidaria, al margen de las formas tradicionales de participación política, para adelantar la agenda
incumplida de la democracia. En todos nuestros países retumban las palabras de Martin Luther King en su marcha sobre
Washington en 1965:
Hace años, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos cobijamos, firmó la Proclama de Emancipación. Este
importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en
las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años
después, debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro todavía no es libre. Cien años después, la vida del negro es
todavía minada por los grilletes de la discriminación. Cien años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en
medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después el negro todavía languidece en los rincones de la
sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y así hemos venido aquí hoy para
dramatizar una condición extrema. En un sentido llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque.
Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de
la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero. Esta nota era una
promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de “Vida, Libertad y la búsqueda de
la Felicidad.
5
La razón para el valor perenne de la democracia radica quizás en su contenido semántico mismo, en su imaginario, en el
ideal de vida y utopía que le sirve de referente. Este contenido semántico ha sido recortado históricamente para
satisfacer los intereses de determinados grupos sociales (los dominantes) frente a otros (los dominados). Por eso, en un
momento histórico se llegó a pensar que la democracia no era sino pura ideología distorsionadora de la realidad tras la
que se ocultaba la dominación burguesa y dejó de pensarse como ideal de libertad e igualdad humana plena.
Junto con esta tendencia, y como uno de los efectos de la hegemonía que en las décadas pasadas ejerció el
pensamiento neoliberal, se afectó el discurso mismo de los intelectuales, incluyendo el de muchos de los considerados
progresistas, muy críticos para denunciar con acierto los mecanismos y estrategias de dominación del mercado global y4 “La nueva estructura de poder, construida alrededor del ‘establisment‘ económico, los partidos conservadores, los grupos liberales
y los grandes medios de comunicación de masas, patrocinó las políticas de ajustes estructurales (privatizaciones, capitalización de la
deuda externa, liberalización plena del mercado y flexibilización laboral) que trajeron como consecuencia una concentración
gigantesca en manos de un puñado de grupos económicos”. Mabel N. Cernadas de Bulnes. “Las aporías de la democracia recobrada:
la construcción del ciudadano en Argentina”, HAOL (8), otoño 2005.
5 Discurso “Yo tengo un sueño”, pronunciado por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 en los escalones del monumento a
Abraham Lincoln en Washington D.C., Estados Unidos. Recuperado el 3 de noviembre de 2008 de:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3188000/3188123.stm
la sociedad postindustrial, pero poco orgánicos ante los movimientos populares y, por ende, poco creativos para ver sus
posibilidades emancipadoras. El pensamiento crítico de estos se refugió en el análisis del lenguaje, en la especulación
política y en los temas del micropoder, y, en consecuencia, en los aspectos procedimentales de la democracia. En la
práctica, el enfoque y la defensa de la democracia se circunscribió a los aspectos “mínimos”, formales, es decir, a los
procedimientos, y se abandonó el estudio de lo sustantivo, de las razones de la existencia de la democracia: por quién
(sujeto histórico), para qué, y cómo; es decir, las cuestiones relativas a los fines, la ética, el poder y el Estado, que había
sido lo fundamental en la reflexión política que va de Aristóteles a Gramsci. Ahora , por el contrario, el cambio de época
ha conducido al retorno de la “gran política”, para usar una expresión de este último.6
Los errores y horrores a los que ha conducido separar la lucha por el poder, por la justicia y la dignidad humana de la
perspectiva democrática son hoy día evidentes. El desarrollo de sistemas de pensamiento complejo nos ha permitido
superar resabios reduccionistas en el pensamiento dialéctico, que nos llevaron a simplificar en “etapas de desarrollo’’ y
en oposiciones estáticas la realidad de los proceso sociales. De aquí que buena parte de las luchas del presente por la
democracia persigan el rescate de su sentido ideal y utópico frente a las distorsiones tanto de derecha como de centro
e izquierda. Comenzamos a entender la democracia no como un estado o forma de gobierno permanente, sino como
un movimiento de lucha perenne, orientado por el ideal de construir una comunidad donde se pueda vivir la dignidad
humana en forma plena y lograr la redistribución del poder mediante el desarrollo de la conciencia de las personas y los
pueblos.
Generaciones de democracia
Decía Hostos que:
Ninguna organización del Estado es ni puede ser definitiva, porque por encima de su organización está la vida social del
que depende, y cuando llegue la hora en que la sociedad esté capacitada de un gobierno mejor que el que hoy ha
llegado por observación y experiencias, el Estado tendrá que organizarse con arreglo a esa nueva capacidad. Por el
momento, el máximum de desarrollo a que ha llegado la sociedad contemporánea, es el que permite organizar el estado
democrático representativo; es decir, el Estado que corresponde a una democracia representativa (Hostos, 1989).
En su forma de entender el desarrollo histórico, social y político, Hostos rechaza el idealismo racionalista voluntarista,
que cree que puede imponerle una estructura racional a la realidad social con independencia de su proceso históricocultural.
En concordancia con Simón Bolívar, y siguiendo una línea de pensamiento que se remonta a Montesquieu,
plantea que los sistemas de gobierno no pueden trasplantarse de un país a otros o decretarse. La organización del
Estado democrático no es producto de un acto arbitrario por medio del cual se le impone a un pueblo una fórmula
jurídica constitucional ideal y perfectamente lógica. Por eso recalca:
¡ Democracia! No profanéis las cosas santas. No os atreváis a convertir en palabra hueca, el concepto más alto de la vida
política de los hombres en el mundo. La democracia no es una vaguedad que pueda aplicarse indistintamente a las
sociedades que aspiran a constituirse en formas democráticas y a las formas embrionarias de gobierno popular. La
democracia es una realidad patente, que procede del esfuerzo hecho por la especie humana para gobernarse conforme a
la razón. La razón reconoce necesaria la libertad del ser humano en todas las evoluciones de su vida, y la libertad es un
complejo de ciencia y de trabajo (Hostos, 1989).
Reconociendo la democracia como ideal que encarna históricamente en formas de vida y organización del poder de una
comunidad, proponemos distinguir tres generaciones de democracia (las cuales no describen tanto el sistema como el
concepto o ideal que aspiran a realizar y que se articula en su régimen constitucional), que clasifico de acuerdo a igual
número de criterios: a quiénes incluye y a quiénes excluye, cómo ejerce el pueblo su poder y gobierno, y para qué
finalidad lo hace (Villarini, 2009).6 Utilizamos la expresión en elsentido germano que le da Gramsci: “Gran política (alta política), pequeña política (política del día, política
parlamentaria, de corredores, de intriga). La gran política comprende las cuestiones vinculadas con la función de nuevos Estados, con
la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas económico-sociales. La pequeña política
comprende las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el interior de una estructura ya establecida, debido a las luchas de
preeminencia entre las diversas fracciones de una misma clase política”. Antonio Gramsci (1999). Cuadernos de la cárcel, México, D.F.:
Ediciones Era.
I. La democracia de la antigüedad clásica. El pueblo es una minoría a la que se considera con capacidad (racionalidad y
voluntad) de mando (varones, blancos, propietarios, griegos y mayores de 25 años). El pueblo es soberano, ejerce su
poder y gobierna sin intermediarios —aunque elige funcionarios ejecutivos, administrativos y judiciales—a través de la
asamblea del pueblo para alcanzar la buena vida (recreación y placer) y la vida buena (ética-cívica). La mayoría de la
población queda fuera del ejercicio del poder; es una democracia excluyente porque limita muy estrechamente lo que
se entiende por pueblo.
II. La democracia de los modernos. Lo que se entiende como pueblo se ha ido ampliando históricamente hasta incluir—
por ejemplo, en los Estados Unidos en el siglo XX— a las mujeres, los negros, los no propietarios, los analfabetos y los
mayores de 18 años. Este pueblo instituido jurídicamente es soberano, pero ejerce su poder a través de sus
representantes, los cuales elige mediante sufragio. Para asegurar la soberanía del pueblo, el poder se distribuye y el
gobierno se organiza y ejerce dentro de un Estado de derecho constitucional, decretado por el propio pueblo para
preservar sus derechos naturales o civiles y alcanzar la felicidad y el bienestar.
III. La democracia emergente en Latinoamérica. El pueblo es algo más que una categoría jurídica, es una realidad
histórico-cultural; comprende tanto las personas individuales, como las colectividades y los diversos grupos sociales
que se organizan para proteger sus intereses y derechos individuales y colectivos —civiles, sociales, humanos,
culturales y ecológicos— y participar protagónicamente en el ejercicio del poder y del gobierno, en ocasiones eligiendo
sus representantes y en otras de manera directa en las distintas instancias del cuerpo social, dentro del Estado o fuera
de él.
Ahora bien, consideramos que, no obstante las diferencias entre las tres generaciones de democracia, encontramos en
ellas elementos comunes que adquieren diversas expresiones en cada una, y que constituyen el contenido sustantivo
del perenne ideal de democracia.
Elementos esenciales de la democracia
Con acierto, Hostos concibe la democracia como el sistema de gobierno que supone la existencia de un sujeto colectivo,
el pueblo, y que garantiza la libertad, en tanto condición para el pleno despliegue de las posibilidades, de la plenitud y
de la dignidad humana, por medio de la cooperación, la ciencia y el trabajo. Y agrega que:
Para que exista una democracia, es necesario que el pueblo no sea un agregado casual de hombres: sino una asociación
voluntaria, consciente, inteligente, adherida por la fuerza de cohesión de los grandes intereses de toda sociedad,
educada en el trabajo, moralizada por la instrucción, civilizada por las costumbres públicas y privadas que crean el
sucesivo progreso de la razón en la especie humana, y la experiencia de la vida universal en la historia. El fruto de esa
obra, es la democracia (Hostos, 1989).
Para evaluar si una comunidad, sociedad o gobierno puede llamarse democrática, habría que ponerse de acuerdo en un
conjunto de elementos o principios que sirvan de criterios definitorios. Desafortunadamente, no existe un acuerdo
unánime sobre tales criterios y en ocasiones diversos sectores de interés y países quieren incluir aquellos que les
resultan más convenientes y excluir otros. Cualquier intento de imposición refleja ya una determinada manera de
concebir la organización del poder político en la sociedad. La democracia es un ideal que se modifica históricamente en
la teoría y en la práctica, de acuerdo con la manera en que el concepto de dignidad humana va cambiando en
significación y alcance.
Aunque no exista unanimidad, cuando analizamos el uso que se hace del concepto de democracia en los diversos
sistemas políticos, tanto tradicionales como emergentes, y en los estudios basados en encuestas de opinión, se pueden
extraer elementos o principios generales que permiten elaborar una caracterización de la democracia. Aquí
proponemos ocho de esos elementos o principios que desde los cuales podemos argumentar sobre la fortaleza o
debilidad de un sistema democrático.
Estos principios no necesariamente describen la sociología de la práctica democrática, sino más bien representan un
esquema ideal que debe cumplir toda comunidad que pretenda llamarse democrática y a partir de los cuales puede ser
juzgada. Son pues de carácter constitutivo-normativo. Se refieren a instituciones (estructuras), procesos, prácticas,
competencias y valores que deben identificar a la democracia en cuanto régimen político orientado a unos fines y por
valores. Si queremos alcanzar ciertos fines, debemos vivir nuestras relaciones de conformidad con ciertos valores y con
una determinada organización política; es decir, relaciones y procesos de poder que respondan a estos principios.
Estos principios y valores nos permiten también entender en qué sentido la nueva generación de democracias
emergentes realmente son democracias, cuáles son los cambios que introducen en el modo de interpretar los
elementos esenciales del sistema y, por ende, las relaciones entre los mismos.
Derecho a la vida buena, al bienestar, felicidad, dignidad y el desarrollo pleno
La democracia es el ideal de una sociedad que promueve y armoniza la dignidad humana de todos sus miembros;
permite la mayor libertad y oportunidades de progreso y, con ello, el pleno desarrollo humano y la felicidad. Para
lograrlo, debe potenciar la capacidad de las personas para formular y ejecutar sus proyectos de vida colectivos,
mediante la construcción de una autonomía. En esa sociedad democrática ideal, la única limitación a la libertad y al
pleno desarrollo y felicidad de la persona es el derecho de las demás personas a lo mismo. Por tanto, libertad, pleno
desarrollo y felicidad se convierten en fundamento último de los valores y derechos que la democracia tiene como
base.
La calidad de una convivencia democrática o de una sociedad democrática particular se juzga a base de la libertad (en el
sentido de autonomía y autogobierno para el desarrollo de un proyecto de vida) y de las posibilidades de pleno
desarrollo humano y felicidad (según lo defina cada personas en el uso de su libertad) que hace posible para todos los
miembros de la comunidad. El hecho de que la dignidad humana sea el fundamento último de la democracia pone en
evidencia su condición ética, razón por la cual la educación ciudadana solo adquiere su sentido cabal en la educación de
la conciencia ética (Villarini 2004, 2009).
Las democracias emergentes en nuestro continente recuperan y se fundan en esta dimensión ética y eudomónica;
pero, a diferencia de las otras generaciones de democracia, redefinen su finalidad defendiendo, frente a toda forma de
hegemonía, el respeto a la diversidad personal y cultural, a la naturaleza y a la humanidad de la que somos partes. Con
lo cual la esfera de los derechos necesarios para garantizar la dignidad y la felicidad se extiende a lo cultural, a las
generaciones pasadas y futuras y a lo ecológico. Así, por ejemplo, en las nuevas constituciones se reconocen, entre
otros, los derechos de los pueblos (culturasde la naturaleza o madre tierra, y de las minorías sociales.
Distribución igualitaria del poder: la soberanía del pueblo
Relaciones, formas de convivencia, sociedades o gobiernos pueden ser analizados en términos de cómo se distribuye el
poder entre los asociados; es decir, la capacidad para satisfacer intereses y con ello el pleno desarrollo, la felicidad, la
dignidad y la libertad. El griego Aristóteles (IV A.C.) proponía que todos los gobiernos podían clasificarse en tres grandes
categorías, según la distribución del poder, o sea, la capacidad para mandar, el control de la polis o civis y la satisfacción
de los intereses propios:
Monarquía: uno tiene el poder.
Aristocracia: unos pocos tienen el poder, los mejores o privilegiados.
Democracia: todos (el pueblo) tienen el poder.
De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir que el poder, la soberanía y el gobierno están en el
pueblo. La democracia es una forma de organizar el poder político, un modo de gobierno, en el que el pueblo es a la vez
el objeto del gobierno y el sujeto que gobierna; el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El principio
constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular: el único soberano legítimo es el pueblo. El pueblo es,
directa o indirectamente, legislador, ejecutor y juez de su vida colectiva. Al limitar su libertad, al obedecer, no obedece
sino a sí mismo, a su propio interés. Nótese que lo decisivo para el principio democrático no es, como en ocasiones se
pretende, que se gobierne para el pueblo, para su beneficio y bienestar. Gobiernos autoritarios y dictatoriales pueden,
de hecho, pretender hacerlo así; y gobiernos democráticamente configurados, en cambio, pueden aplicar políticas que
se revelan contrarias a esos fines.
La democracia es un equilibrio tenso, dinámico, abierto, cambiante, que combina la autonomía de la persona, su
soberanía y diversidad, con la de la comunidad. Logra sostenerse por la forma que organiza, distribuye y legitima el
poder colectivo, y porque fomenta la voluntad colectiva en el pueblo, sin suprimir las particulares, a la luz de los
principios y valores democráticos. De este modo, los intereses ligados al proyecto de vida de las personas o de grupos
particulares no se imponen los unos sobre los otros, sino que se negocian y armonizan. Los principios de la democracia
son pues los valores políticos, complemento complementarios de los éticos, que determinan la forma en que el poder
colectivo se constituye, se distribuye, se adquiere, se logra y legitima, se delega, se limita y se concentra como
voluntad colectiva en el Estado, articulando la unidad en la diversidad y la libertad personal en la comunidad.
El problema que plantea esta definición y que determina cuán extensa e inclusiva es la democracia, radica en lo
siguiente: ¿quién es el pueblo que tiene el poder, el soberano, el pueblo que gobierna? Las democracias emergentes en
América latina tienden a ser más inclusivas en un triple sentido:
Amplían la extensión de los miembros del cuerpo ciudadano y electoral con medidas tales como la reducción de la edad
de los electores, el otorgamiento de derechos a los hasta entonces considerados extranjeros y la eliminación de
obstáculos a la participación.
Se otorgan derechos no solo a individuos, sino a colectividades como, por ejemplo, los pueblos originarios, para
intervenir en la formación de la voluntad colectiva, la constitución del Estado, la formulación de legislación, etc.
Se crean poderes paralelos al electoral, como los consejos comunales o los gobiernos autónomos de los pueblos
originarios.
El “pueblo” ya no designa aquí una colección abstracta de individuos ilustrados, ni una metafísica o romántica entidad
vital o cultural, sino una colectividad compuesta de personas, grupos, incluso comunidades; en fin grandes masas que,
unidas en un mismo territorio y en la satisfacción de sus necesidades mediante el trabajo, el intercambio y la
cooperación, comparten una experiencia histórica que va generando una cultura común, todo lo cual conduce a un
proyecto político de vida, que es la democracia (Villarini, 2009b).
La educación popular universal como desarrollo de la competencia para el ejercicio del poder7
Si la soberanía del pueblo nace de la soberanía de cada persona que lo integra, de su autonomía o capacidad de
mando, y de la racionalidad para ejercerla, entonces solo hay verdadera voluntad popular si existe una conciencia
educada en las personas que componen el pueblo. La calidad y fortaleza de la democracia dependerá de cuántos y en
qué grado están capacitados para el mando, para el ejercicio del poder. De aquí la inseparable relación entre
democracia y educación, ya reconocida por Tocqueville. Hostos lo expresa magistralmente: “…sin educación del pueblo
no habrá jamás verdadero pueblo; y […] sin pueblo verdadero, la democracia es una palabra retumbante, no un sistema
de gobierno” (Hostos, 2001).
Rousseau formula la necesidad de una educación pública (desarrollada por él en sus escritos políticos):
Formar ciudadanos no es cuestión de un día y para formar hombres hay que instruir a los niños […]. La educación
pública, bajo reglas prescritas por el gobierno, y bajo el control de magistrados, es una de las máximas fundamentales
del gobierno popular legítimo […]. Si los niños son educados en común, en el seno de la igualdad, si son imbuidos de las
leyes del Estado y de las máximas de la voluntad general, si son instruidos para respetarlas por encima de todas las
cosas, no dudemos que aprenderán a quererse como hermanos y a no desear jamás lo de los demás (Artículo sobre
economía política de la Enciclopedia). 8
Por esa misma razón —dice Rousseau—, “no se debe dejar la educación ciudadana de los niños a las luces y los
prejuicios de los padres; esa debe ser tarea del Estado que es el más interesado en ella. Los magistrados encargados de
la educación de los niños son representantes del cuerpo político”.
En todas las democracias emergentes, la educación formal deja de ser mero apéndice del proceso económico y
privilegio de unos pocos para convertirse en pilar de la construcción de la nueva democracia, mediante el desarrollo de
un sistema educativo inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural, que tiene como tarea central la formación del
pueblo como nuevo sujeto político.
La autoridad de la ley: la legitimación del poder político7 Para la mayoría de los autores, la educación no es un rasgo esencial de la democracia, sino algo deseable que la fortalece. Nos
parece, por el contrario, que la educación es un rasgo esencial, pues se trata de algo inherente al concepto mismo de la soberanía
personal y colectiva de los ciudadanos.
8
Citado por Gilberto Guevara Niebla (1998). Democracia y educación, México: Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática,
Instituto Federal Electoral.
La libertad democrática es una forma de racionalidad práctica, de elaboración de un proyecto colectivo de vida, que
establece un conjunto de normas que organizan el comportamiento individual y colectivo para el logro de sus fines. No
puede consistir en la ausencia de autoridad o de poder político, ni en la falta de orden o de normas. Es libertad dentro y
para la convivencia socialmente organizada, para perseguir ciertos fines colectivos de manera ordenada y pacífica. Por
eso, esta libertad puede oponerse a la vigencia de las normas legalmente establecidas, pero al mismo tiempo solo
puede realizarse a partir de ellas.
Al ser las leyes producto de las propias personas que constituyen la voluntad del pueblo, son, a la vez, expresión de su
autonomía; al acatarlas, el pueblo no se obedece sino a sí mismo y por ello permanece libre. De ese ejercicio de
autonomía viene su legitimidad. Desde esta perspectiva, el gran reto de las nuevas formas de democracia es lograr que
dichas leyes respondan en efecto a la voluntad popular, superando el sistema parlamentario actual, que la mayoría de
las veces ignora el interés y la voluntad del pueblo o de algunos de sus sectores para favorecer a grupos que los
contradicen. En esta dirección apuntan medidas constitucionales, como el “parlamentarismo de la calle”, la formulación
de presupuestos comunales, los consejos comunales y otros (Harnecker y Gutiérrez, 2008).
El espacio público plural para el diálogo, la deliberación y el consenso
La democracia implica la creación de un espacio público en el que todas las personas se reconocen como iguales en el
proceso racional de diálogo y argumentación mediante el cual buscan solucionar sus conflictos, armonizar intereses y
llegar a consensos en torno a un proyecto de vida común y al establecimiento de principios, normas, políticas y
estructuras institucionales que habrán de hacerlo posible. Una de las características básicas del régimen democrático es
la libre elección del ciudadano entre consenso y disenso. Por lo tanto, para que el ciudadano sea libre elegir es
necesario que ni el consenso ni el disenso sean impedidos:
Cuando hablamos de consenso nos referimos esencialmente a una concordancia entre voluntades y, por lo tanto, a un
acuerdo de opiniones. En contraposición, el disenso se relaciona con la divergencia y la falta de acuerdo entre las
partes. De este modo, resulta claro que así como el diálogo permite construir acuerdos también posibilita la expresión
de desacuerdos sobre determinadas ideas o concepciones. El diálogo promueve, en consecuencia, las diversas
concepciones sin prescindir de las diferencias, sino por el contrario, incorporándolas. Es preciso subrayar que la
ausencia de diálogo y de tolerancia no entraña sólo un problema de falta de respeto a las opiniones diversas sino, y
sobre todo, su marginación y exclusión. Superar ambas es un desafío que tiene que ver, pues, con la extensión de los
derechos de ciudadanía.
En nuestras sociedades el liberalismo, entendido como la teoría de los límites del poder y como fundamento de la
democracia, representa la doctrina política más vinculada a la formación del consenso como un compromiso razonable
entre ciudadanos, que garantiza la libertad y la expresión de los distintos puntos de vista. En esta perspectiva se
considera al disenso como uno de los elementos propulsores de la democracia. 9
Por otro lado, como advierte Bobbio (1996): “El pluralismo se conecta con el disenso. Este es sólo posible en una
sociedad pluralista, más aún no sólo es posible sino necesario. Todo se encadena, la libertad de disenso tiene necesidad
de una sociedad pluralista, una sociedad pluralista permite una mayor distribución del poder, una mayor distribución
del poder abre las puertas a la democratización de la sociedad civil y la democratización de la sociedad civil amplia e
integra la democracia política”.
Las nuevas formas de democracia reconocen, respetan y celebran este pluralismo y el consenso y disenso que
reclaman, pero no los limitan a la esfera política, a un espacio de individuos racionales que hace abstracción de las
diferencias y las identidades. Se trata de reconocer la igualdad de derechos, la común humanidad, el común poder para
la deliberación y el consenso, a partir de las diferencias y peculiaridades de las personas y grupos que componen el
pueblo.
El gobierno de la mayoría y el respeto a las minorías: los límites a la concentración del poder
El tamaño y complejidad que alcanzan las sociedades crean otro problema, además del referido al ejercicio directo. Hoy
día, lo que llamamos “pueblo” es un complejo conglomerado de etnias, culturas, clases sociales, grupos, sectores, etc.
con variedad de intereses, creencias, opiniones, a veces incluso opuestas. Todo ello hace necesaria la presencia de

9 Gilberto Guevara Niebla. Ob. cit.
instituciones que ayuden a generar intereses, valores y formas comunes de vida, la elaboración de políticas orientadas
a reconocer la diversidad y la promoción de procesos que faciliten el diálogo y la búsqueda de consenso. No obstante,
la mayor parte de las veces será necesario hacer prevalecer el interés y la voluntad de la mayoría del pueblo.
Dado que no es posible que este pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea superable absolutamente y que,
de pronto, todos estén de acuerdo en lo que debe hacerse políticamente, es necesario que existan procedimientos que
permitan unificar democráticamente a los ciudadanos y tomar decisiones públicas legítimas. Uno de estos
procedimientos es el que se basa en el principio de la mayoría, que básicamente postula que, en ausencia de
unanimidad, el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los
participantes. Si el pueblo entonces no puede ponerse de acuerdo de manera unánime será necesario que sea su
mayoría la que determine el curso a seguir.10
La mayoría que decide no es ni debe interpretarse como una mayoría orgánica o sustancial, sino como contingente y
temporal, resultante de una configuración de fuerzas transitoria o procedimiento de votación específico. En otras
palabras, las reglas del juego democrático presuponen que las decisiones se toman por mayoría, pero también que la
mayoría puede cambiar:
De ahí que se requiera de votaciones sistemáticas y repetidas, en las que los ciudadanos puedan optar por diversas
alternativas, configurando así mayorías y minorías diferentes. Por ello, el hecho de que una alternativa obtenga el
mayor número de votos en un momento determinado en modo alguno le asegura que en la siguiente votación lo
volverá a lograr.11
Como nunca antes en la historia, las democracias emergentes buscan hacer real este principio estableciendo normas e
instituciones que den voz a todos los sectores que comprenden el pueblo. Pero esto no puede significar, como ha
ocurrido, que un sector de interés en el seno del pueblo monopolice su representación e imponga su interés de clase,
grupo o sector minoritario, en detrimento de los de la mayoría.
El hecho de que gobierne la mayoría no puede entenderse como que siempre ha de prevalecer el interés y la voluntad
del mayor número de ciudadanos. La esfera del ejercicio del poder está limitada por los fines que persigue la
democracia y los valores y derechos que para ello establece: la dignidad, la libertad, la felicidad, los derechos humanos,
civiles, sociales, culturales y ecológicos. Por ello, los intereses de la minoría tienen que ser atendidos y respetados por la
mayoría, y esto requiere la búsqueda de fórmulas que permitan su incorporación a la gestión de gobierno de la
mayoría.
De ahí se deriva que los gobiernos propiamente democráticos no solo se basan en votaciones, sino también en
negociaciones, compromisos y políticas concertadas. La presencia de las minorías, -al ser esencial, adquiere así todo su
significado, en tanto interlocutores influyentes, legales y legítimos de la mayoría gobernante”.12
Los límites del Estado
En sus tres generaciones, la democracia ha estado ligada a la presencia del Estado como mecanismo garante del
desarrollo, implantación y sostenimiento del orden jurídico-político-social democrático y, con ello, de la voluntad
popular y el gobierno de la mayoría. Dejando a un lado la posibilidad de la existencia de un orden sin Estado, o sea, un
orden anarquista, el reto que se le plantea a la democracia, en su afán de imponer el principio de la voluntad del
pueblo, es cómo evitar que el Estado sea controlado por clases, grupos, sectores o individuos que lo utilicen para
usurpar dicha voluntad, restar derechos y perjudicar los intereses y libertades del pueblo o de alguno de sus sectores.
Se trata de limitar la posibilidad del monopolio, la corrupción o el abuso de poder, o que el Estado asuma atribuciones
que no le corresponden y que son violatorias de todos los elementos antes analizados.
A lo largo de la historia, las constituciones democráticas han limitado el poder del Estado mediante políticas como:
Descentralización de las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas del Estado mediante la concesión de autonomías
regionales, municipales, etc.

10 Ídem.
11 Ídem.
12 Ídem.
Establecimiento de derechos sustantivos y procedimentales de la persona frente al Estado.
Reconocimiento de una sociedad civil como sujeto de derecho y fuente de iniciativas sociales fuera de la esfera el
Estado, lo cual favorece el surgimiento de una gran cantidad de organizaciones y asociaciones, incluso capaces de llevar
a cabo tareas del Estado en forma más efectiva.
Aceptación de una esfera de intereses, creencias, libertades y voluntades individuales garante de la privacidad, en cuya
jurisdicción no penetra el Estado, limitándose a favorecer su existencia. Ello da paso a una cultura secularizada,
13 es
decir, no identificada con tendencias religiosas específicas o con una visión moral particular.
Las nuevas formas de democracia retoman este principio, lo amplían e incluso utilizan el propio mecanismo del Estado
para desmantelar su monopolio e ir creando un poder paralelo que lo vaya sustituyendo, a al menos debilitando la
posibilidad de que continúe usurpando la voluntad popular. En este sentido, las nuevas constituciones incorporan
importantes ideas, tanto del anarquismo como de la tradición marxista comunitaria antiestatista.
La delegación del poder y la representación
A partir de la caracterización de la democracia que hemos hecho, el asunto de la representatividad se hace crucial para
entender este cambio de época, en el que surge una nueva manera de entender y practicar la democracia. Las
alternativas parecen ser tres:
Democracia directa, sin representación. El pueblo gobierna directamente en asamblea permanente o mediante
consejos, según el modelo sugerido para Rousseau. La idea es actualmente defendida a partir de la consideración de
que las tecnologías de la información abren tal posibilidad.
Democracia representativa, en la cual el pueblo actúa como mandatario y es consultado por sus representantes, que
incluso pueden ser despedidos si no actúan de acuerdo con su voluntad. La nueva Constitución de Venezuela y la de
Bolivia introducen la figura constitucional de revocatorio, que establece que los gobernantes pueden ser destituidos y
sustituidos a mitad de su término mediante referéndum, en el que deben votar a favor del revocatorio un número de
votantes similar al que decidió sus elecciones.
Democracia mixta, en la cual se combina el ejercicio directo del poder con la representación. Las nuevas constituciones
de Venezuela, Bolivia y Ecuador apuntan en esa dirección.
La democracia directa es, haciendo abstracción de otros factores, la variante ideal porque garantiza la soberanía del
pueblo. Pero realmente solo lo es si se crean las condiciones subjetivas (las formas de subjetividad) y objetivas (normas,
instituciones y prácticas inclusivas y participativas) para que el pueblo, las personas que lo integran, puedan ejercer en
efecto el poder de gobierno. Hacia la creación de esas condiciones se orientan las nuevas constituciones democráticas
en Latinoamérica, cuyos resultados solo serán posibles en el largo plazo.
En sentido estricto, como lo atestigua el caso de la propia democracia ateniense, una democracia totalmente directa,
sin alguna forma de delegación de poder o de representación, no parece viable. El debate, pues, gira en torno a qué se
entiende por delegación o representación, qué y cuánto poder se delega, y qué controles se establecen para garantizar
que el poder delegado se mantenga en los límites y dentro de los propósitos que le dan origen. Se pretende corregir
con ello la usurpación del poder del pueblo, la corrupción y la falsa representación.
En las nuevas constituciones hay una clara tendencia a crear las condiciones para que el pueblo rescate, frente al
Estado y los partidos políticos, el poder delegado en ellos. Ese rescate se efectuaría mediante nuevos centros de poder
que desmontan el monopolio que estos han tenido y que llegó a identificar democracia con Estado y partidos políticos.
Como queda claro, en la teoría política clásica de la modernidad, Estado y partidos políticos son simplemente males
necesarios, que se irán neutralizando en la medida en que se pueda constituir el pueblo como un nuevo sujeto.
Nuevas formas de democracia, nuevas formas de ciudadanía: la subjetividad democrática

13 La secularización implica el paso de una concepción de la sociedad basada en la asignación arbitraria del trabajo y las
recompensas, a una centrada en el postulado de la existencia de opciones que se le presentan al individuo para que él haga su
selección. Una cultura política secularizada se define también en función de metas y valores compartidos específicamente políticos,
es decir, que no se confunden, sino que se diferencian claramente de otro tipo de valores que comparte un conglomerado social
(culturales, religiosos, sociales, económicos, etc.). Idem.
A la largo de la tradición democrática, sus defensores más radicales pensaban que el mejor antídoto contra la
degeneración de la democracia era la formación del ciudadano. En la Grecia clásica, con Isócrates, la idea de la
formación o educación del ciudadano adquirió su mayor expresión. Él pensaba que el bien humano supremo se realiza
en y a través de la polis, y que la más alta forma de excelencia humana estaba en el servicio a la polis. El centro del
proceso formativo estibaba en la preparación de la razón humana como capacidad de gobierno, en tanto ello favorecía
la producción de un discurso que llevaría a juicios prácticos sólidos. Esto significaba la capacidad para argumentar,
persuadir, comunicarse con otros y establecer puntos de vista comunes bajo una ley (Freeman, 1986).
Para que sea posible el nacimiento, desarrollo y consolidación, de esas formas de democracia, se tiene que construir la
nueva forma de subjetividad democrática popular frente a sus tres grandes rivales que, en la modernidad, abortaron el
desarrollo pleno de la democracia. La era de los pueblos “está pariendo un corazón”, pero deberá enfrentarse a los tres
obstáculos que impiden el desarrollo del poder popular y la construcción de la subjetividad democrática popular:
• El poder del capital, ejercido por las empresas multinacionales, globalizadas, representadas por las oligarquías
de nuestros pueblos.
• El poder del Estado, concentrado en una “clase” política, en partidos y líderes populistas desfasados. El Estado,
incluso socialista, en el mejor de los casos, solo puede ser una estrategia de poder para volverlo contra la
oligarquía, usando sus propias reglas de juego a la vez que se autodestruye mediante la creación de un poder
rival, el poder popular.
• El poder de la información y del conocimiento, el control de los saberes, del discurso y la creación cultural en
general, de su producción, distribución y consumo, hasta ahora monopolizado por los sectores privilegiados y
medios de masas.
Conciencia, competencias y cultura política ciudadanas
Las formas de ciudadanía democrática popular que propongamos deberán consistir sobre todo en la construcción de
una nueva conciencia individual y colectiva, es decir, una manera distinta de entender, sentir, querer y comportarse
ante el ejercicio del poder. La democracia, en cualquiera de sus espacios, es un modo de vida sustentado en la fuerza
que le brindan los sujetos democráticos, la conciencia democrática de los miembros de la comunidad. Una conciencia
es democrática cuando la sensibilidad, la razón y la voluntad de los miembros de la comunidad están orientadas y
motivadas por valores democráticos.
La democracia descansa en un tipo de subjetividad, de agente, capaz de ejercer la actividad política generadora del
espacio público que la sostiene. Para que el sujeto democrático sea capaz de la acción política a la que está llamado,
debe poseer una cultura, unos valores, unas y actitudes y unas competencias ciudadanas; en fin, una peculiar forma de
conciencia política. Por esta razón, la meta principal de toda educación cívica democrática es la construcción de la
subjetividad democrática, de la conciencia democrática del pueblo.14
Las competencias ciudadanas se refieren a capacidades generales de la subjetividad democrática; aquellas que todo
ciudadano debe desarrollar para poder participar efectivamente en la democracia, para hacer que su interés y voluntad
cuente en el espacio público y en el proceso de organizar la voluntad colectiva.
La ciudadanía requiere de una serie de competencias, de combinaciones de conceptos, actitudes y destrezas para la
investigación social, la lectura crítica de la realidad, la deliberación y la acción política, que permitan participar
inteligentemente en la identificación de problemas y necesidades sociales y la búsqueda de consenso para articular un
proyecto histórico. En nuestro trabajo (Villarini, 2000, 2009) hemos identificado las siguientes competencias ciudadanas
generales:

14 Todo el aprendizaje y el desarrollo humano puede ser analizado y trabajado como el proceso de progresión y sostenimiento de la
autonomía. Desde luego, esta autonomía implica el desarrollo de múltiples competencias humanas. El desarrollo humano
comprende diversas dimensiones, que se constituyen e integran en la interacción con el medio cultural para ayudar a configurar la
personalidad. Para propósitos educativos, concebimos estas dimensiones como competencias. Definimos competenci como una
habilidad y forma de conciencia, producto de la integración de conceptos, destrezas y actitudes, que dota al ser humano de
capacidad de entendimiento, acción y transformación de sus relaciones con el mundo, incluido a sí mismo. Véase Ángel R. Villarini
Jusino (1997). El currículo orientado al desarrollo humano integral, San Juan, Puerto Rico: Biblioteca del Pensamiento Crítico.
Capacidad para inquirir (búsqueda de información), que posibilita la identificación y el análisis de necesidades,
aspiraciones y problemas sociales para cuyo logro o satisfacción se requiere la voluntad de la comunidad.
Capacidad para la interpretación crítica de la realidad, que permite distinguir la información confiable de la que no lo
es, y reconocer las fuerzas, intereses y valoraciones de la que esa información es producto.
Capacidad para el diálogo y la deliberación político-ética, que facilita el reconocimiento de asuntos en controversia,
establecer acuerdos, elaborar conocimiento común, argumentar y llegar a conclusiones válidas.
Capacidad para la acción ciudadana, incluyendo el uso de la tolerancia y de la negociación, que viabiliza el ejercicio de
voluntad política para la comunicación, la organización y colaboración, el desarrollo de estrategias y la práctica de la
autocrítica.
Integrado a estas competencias, está un conjunto de conceptos políticos, actitudes y valores que podemos denominar
como cultura política ciudadana, que motivan, orientan, estructuran el ejercicio de la democracia. Se inquiere, se
interpreta críticamente, se delibera y actúa políticamente en el marco y la orientación de conceptos y valores como los
siguientes, que son parte esencial de la formación de la conciencia ciudadana:
Conceptos:
Política
Poder (político)
Estado
Gobierno
Democracia
Ciudadanía democrática
Sistema de Derecho
Sistema representativo
Poder electoral
Partido político
Ideología
Sociedad civil
Clase social
Valores:
Paz
Solidaridad
Subsidiaridad
Dignidad
Soberanía
Justicia
Igualdad
Tolerancia
Privacidad
Derechos humanos, sociales, civiles, culturales y
ecológicos
La subjetividad democrática y sus competencias ciudadanas no nacen, se construyen a través de la vivencia de la
convivencia en las diversas comunidades en las que se participa y de los procesos educativos formales e informales que
tienen lugar en ellas. De aquí que nuestros grandes patricios (Bolívar, Martí, Hostos, etc.) tuvieran clara la estrecha
relación entre democracia, educación, escuela y hogar, específicamente y procuraran una educación formadora de la
inteligencia, la sensibilidad y la voluntad. En resumen, la conciencia que requiere el ejercicio democrático.
Contribuir a la formación de subjetividades democráticas significa fomentar el desarrollo de seres humanos con de
conciencia ciudadana, competentes para entender los grandes problemas y retos históricos de carácter moral y social
del país, dispuestos a participar activamente en la búsqueda de soluciones y en la construcción de una sociedad
solidaria, en la que todo ser humano pueda vivir de manera digna. A esta finalidad se debe encaminar la formación
ciudadana que requiere nuestro momento histórico.
A modo de conclusión
El «cambio de época» nos coloca ante una tercera generación de formas de democracia que podemos llamar populares
—término que rescatamos ante la distorsión que en la práctica ha sufrido. La primera generación es la democracia
clásica ateniense, directa, participativa y deliberativa, pero excluyente por su esclavismo, xenofobia y machismo; la
segunda generación es la de las democracias modernas laicas, constitucionalistas, procedimentales, pero igualmente
exclusivistas en su carácter burgués, territorialista, disciplinario y tendiente a la uniformidad.
La nueva forma de ciudadanía que apenas comienza a nacer, y que pretende crear las condiciones para posibilitar el
poder popular y la democracia popular, tomará elementos contenidos como promesa en formas anteriores, pero que
fueron abortados por el sello exclusivista, aristocrático o burgués. Pero más que nada nacerá de la tradición utópica de
los movimientos populares milenaristas y de las luchas de las grandes masas trabajadoras, desposeídas y excluidas,
cuyo legado fue asumido por los sectores ilustrados progresistas en las diferentes épocas, capaces de trascender su
condicionamiento de clase.
El cambio de época que presenciamos en nuestra América, puesto de manifiesto en los triunfos electorales de
poderosos movimientos sociales, en la reflexión teórica que retoma la gran política y en el desarrollo de nuevas formas
de democracia, como las que se expresan en las Constituciones aprobadas en países como Venezuela, Bolivia y
Ecuador, coloca a las escuelas y universidades ante grandes retos y tareas. Los educadores debemos analizar
críticamente estos desarrollos y responder creativamente con investigaciones, proyectos, programas, estrategias y
actividades que contribuyan a la formación de conciencia ciudadana democrática, de modo que la promesa contenida
en estas nuevas formas de democracia pueda realizarse y sostenerse frente a las desviaciones populistas, autoritarias,
partidistas que podrían abortarlas.
El «cambio de época» que vivimos en Latinoamérica nos obliga, más que a seleccionar entre modelos, a repensar las
formas de democracia y de subjetividad política o ciudadanía que queremos construir y que los nuevos tiempos
reclaman. El proceso de construcción de estas nuevas formas de democracia es simultáneo al de la nueva subjetividad
política. Para ello, nos parece indispensable una educación ciudadana innovadora como la que aquí hemos bosquejado.
Referencias
Bobbio, Norberto (1985). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
BUTTS, R. Freeman (1988). The Morality of Democratic Citizenship: Goals for Civic Education in the Republic’s Third
Century, Calabasas, CA: Center for Civic Education.
FLAX, Javier (2002). La democracia atrapada. Una crítica al decisionismo, Buenos Aires: Editorial Biblos.
FREIRE, Pablo (1990). La naturaleza política de la educación, Barcelona: Paidós.
___________ (1993). Pedagogía de la esperanza, México, D.F.: Siglo XXI Editores.
GUTIÉRREZ, Daniel y Marta Harnecker (2008). Reconstruyendo la izquierda, México, D.F.: Siglo XXI Editores.
HOSTOS, Eugenio María de (1939). “La educación científica de la mujer”, en Obras completas, edición conmemorativa
del gobierno de Puerto Rico en ocasión del centenario del natalicio de Eugenio María de Hostos, tomo VI, La Habana:
Cultural S.A.
_____________ (1989). “Tratado de sociología”, en Obras completas, edición crítica, vol. VIII, tomo I, San Juan, P.R.:
Instituto de Cultura Puertorriqueña, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
_____________ (1992). “Cuento. Teatro. Poesía. Ensayo”, en Obras completas, edición crítica, vol. I, tomo II. San Juan,
P.R.: Instituto de Cultura Puertorriqueña, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
_____________ (2000). “Tratado de Moral”, en Obras completas, edición crítica, vol. IX, tomo I, San Juan, P.R.:
Instituto de Estudios Hostosianos, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Oficina del Presidente
Administración Central Universidad de Puerto Rico.
_____________ (2001). “Madre Isla”, en Obras completas, edición crítica, vol. V, tomos II y III. San Juan, P.R.: Editorial
de la Universidad de Puerto Rico.
LUQUE, Guillermo y Ana Méndez (2006). Democracia y discurso político, Caracas: Monte Ávila.
ROSANVALLON, Pierre (2006). La democracia inconclusa. Bogotá, Colombia: Taurus.
SARTORI, Giovanni (2003). ¿Qué es la democracia? México, D.F.: Taurus.
TOCQUEVILLE, Alexis de (1985). La democracia en América. Barcelona: Editorial Orbis.
TOURAINE, Alain (1995). ¿Qué es la democracia? Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
VILLARINI, Ángel y Torre, Carlos (2000). “Eugenio María de Hostos”, en Fifty Mayor Thinkers on Education: From
Confucius to Dewey (Cincuenta grandes pensadores en torno a la educación: de Confucio a Dewey), Routledge:
New York & London.
_____________ (2003). “Hostos en Mayagüez. Su gestión educativa”. Ceiba, revista de la Universidad de Puerto
Rico en Ponce, 2 (2).
_____________ (2004). El desarrollo de la conciencia moral y ética: teoría y práctica, San Juan, P.R.: Biblioteca
del Pensamiento Crítico.
_____________ (2005). “Subjetividad democrática y competencias ciudadanas”, en Crecemos. Revista
Hispanoamericana de Educación y Pensamiento. 7 (2): 23-31.
_______________ (2007). “Teorías que necesitamos los investigadores y practicantes de la educación: una
reflexión crítica. Contribución al debate”, en Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica, España:
Fundación Infancia y Aprendizaje, 19 (3): 249-255.